La formación del Estado Argentino
En el período 1862-1880, durante las presidencias de B. Mitre (1862-1868), D. F. Sarmiento (1868-1874) y N. Avellaneda (1874-1880), se sentaron las bases para la formación del Estado Argentino. Estos presidentes organizaron las instituciones políticas, jurídicas y militares necesarias para el afianzamiento de un poder central. Para afirmar definitivamente su autoridad y obtener la obediencia del conjunto de los integrantes de la sociedad, las autoridades nacionales recurrieron a dos estrategias, en algunos casos utilizaron la violencia de la fuerza militar para reprimir las oposiciones y, en otros, establecieron alianzas con los gobernantes provinciales y con los grupos de mayor poder económico.
La formación del Estado nacional supuso la construcción de un nuevo orden. Para ello, el gobierno nacional puso en marcha una serie de transformaciones: suprimir las aduanas interiores, nacionalizar las aduanas exteriores, emitir una moneda nacional de curso legal, desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar la producción agropecuaria y garantizar la circulación de bienes y personas, tramitar préstamos con el capital extranjero, fomentar la inmigración, establecer una legislación unificada y resolver los diversos conflictos que impedían el completo control del territorio. Parte de estas transformaciones implicaban que el Estado nacional se apoderaba de funciones antes ejercidas por las provincias: como los ejércitos, la recaudación fiscal, la emisión de moneda y la legislación; o por la iglesia, como el registro de los nacimientos, casamientos, defunciones, etc.
Durante décadas no había existido una fuerza militar centralizada y única, sino un conjunto de milicias provinciales o ejércitos como los del período de la independencia o de las guerras civiles. Después de Pavón, Mitre organizó el núcleo del futuro ejército reuniendo a la Guardia Nacional de Buenos Aires con efectivos de la Confederación, y transfirió el Ministerio de Guerra y Marina y la Comandancia General de Armas de la provincia de Buenos Aires a la jurisdicción nacional. En 1864 organizó un Ejército Nacional, al crear cuerpos de línea que distribuyó por todo el país.
Ante la creciente demanda de alimentos por parte de los países centrales, los gobiernos del período impulsaron políticas destinadas a crear las condiciones para que la Argentina se integrara en el nuevo orden internacional. Para ello desarrollaron la infraestructura por medio de prestamos, mayoritariamente de bancos británicos. El problema de los deficientes caminos y la falta de medios de transporte modernos y veloces, eran problemas centrales en la Argentina de mediados del siglo XIX. Al igual que en la época colonial, los comerciantes trasladaban las mercaderías en caravanas de carretas o en mulas, y los viajeros utilizaba diligencias para atravesar las grandes distancias que separaban las poblaciones de la época. Estos problemas comenzaron a solucionarse con la introducción del ferrocarril y los barcos a vapor. También se modernizaron las comunicaciones con la introducción del telégrafo. Esta innovación permitió mejorar las relaciones comerciales y fue utilizada también por el ejército.
Luego de la inauguración del Ferrocarril del Oeste una empresa inglesa realizó las obras del Ferrocarril Central Argentino, que unió Rosario y Córdoba; más tarde se extendió hasta Tucumán y finalmente, hasta Buenos Aires. Mientras que el Estado nacional se ocupó del Ferrocarril Central Norte, que unía Córdoba como Tucumán, y del Ferrocarril Andino que vinculó Mendoza con San Juan. El ferrocarril fue clave para controlar el territorio e impulsar la ocupación y la explotación de nuevas tierras. Las mejoras en las comunicaciones permitieron también la integración de las regiones en un mercado nacional. Anteriormente, muchas economías regionales se vinculaban con áreas más cercanas. Por ejemplo, Cuyo dirigía parte importante de su producción hacia Chile, y desde allí venía también una parte importante de sus importaciones. El norte (Salta, Jujuy, Catamarca) tenían una relación muy intensa con Bolivia, que le permitió acceder al mercado internacional por el Océano Pacifico. Las nuevas líneas estimularon el desarrollo azucarero en Tucumán y en Jujuy, la industria vitivinícola de Cuyo, y la maderera en Corrientes.
El gobierno nacional consolidó su poder en el interior y apoyó a las oligarquías provinciales, que, como productoras de bienes para el mercado interno, podían participar de los beneficios generados por el sector exportador. Con el desarrollo de los medios de transporte más moderno, a todas esas economías regionales les convino más enviar sus productos a Buenos Aires, Rosario u otros lugares en desarrollo del país.
En la formación del Estado Nacional, la educación fue un tema prioritario, debido al alto grado de analfabetismo, alrededor del 70% de la población no sabía leer ni escribir. En 1884, finalmente fue aprobada la Ley de Educación Común (Ley 1.420) que garantizaba la educación laica, gratuita y obligatoria. Desde la colonia, la iglesia era la institución encargada de registrar la identidad de las personas mediante las actas de bautismo, matrimonio y defunción. Durante este período se dictaron las Leyes de registro Civil y Matrimonio Civil, por las que se establecía que todas estas tareas pasarían de ahora en más a manos del Estado.
Con el objetivo de crear consenso y conformar alianzas políticas, los mecanismos de cooptación más importantes fueron el otorgamiento de subvenciones a los gobiernos provinciales y la expansión del empleo público. Las subvenciones consistían en el envió mensual de partidas de dinero en efectivo que servían para hacer frente a los gastos de las administraciones públicas provinciales. Los grupos dominantes del interior vieron en la implementación de un poder central la oportunidad de beneficiarse en sus actividades económicas. Así, por ejemplo, los terratenientes azucareros de Tucumán, al aliarse al Estado nacional, obtuvieron rebajas impositivas, nueva maquinaria, subsidios y acceso al mercado de Buenos Aires para su producción.
La alianza política se terminó de consolidar al momento de decidir al sucesor de Sarmiento, y fue el momento propicio para la formación de un partido de alcance nacional. De la unión del autonomismo porteño y el partido Nacionalista, que representaba a la mayoría de los gobernadores provinciales, surgió el Partido Autonomista Nacional (PAN), que desde entonces y hasta 1912, controló la sucesión presidencial y les permitió a los grupos de mayor poder económico, asegurar la continuidad del orden económico, social y político establecido.
El último obstáculo en ese proceso de consolidación, lo representaba el conflicto por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Los grupos dominantes porteños (terratenientes y comerciantes) habían resistido durante años que la ciudad pasase a manos del gobierno federal, pero la consolidación del Estado nacional debilitó sus posiciones. El presidente Avellaneda anunció su decisión de federalizar la ciudad de Buenos Aires en 1880. Ese mismo año, las elecciones presidenciales tuvieron la “cuestión capital” como uno de sus temas centrales. El general Julio A. Roca, candidato por el PAN y partidario de la federalización, triunfó sobre el candidato porteño, Carlos Tejedor, que era el gobernador bonaerense y rechazaba el proyecto de Avellaneda. Tejedor no aceptó el resultado de las elecciones y movilizó a la milicia provincial contra las autoridades nacionales. Pero el Ejército Nacional derrotó el levantamiento. Este resultado permitió que por ley la ciudad de Buenos Aires fuera designada capital del Estado Argentino.
La guerra contra el Paraguay
Otro aspecto del proceso de centralización de la autoridad estatal fue la delimitación y el control de las fronteras del territorio nacional por parte de las fuerzas militares del gobierno nacional.
Desde su independencia en 1811, el Paraguay llevó adelante una política de aislamiento, basada en una economía de autosuficiencia. El Estado asumió el monopolio de la explotación y comercialización del tabaco y la yerba mate, e impulsó la producción de bienes manufacturados (fábricas textiles, de armamentos y astilleros), sin recurrir a préstamos extranjeros. La introducción del telégrafo y el ferrocarril mejoró las comunicaciones. También incentivo la educación publica, mediante la construcción de escuelas.
Este desarrollo del Paraguay se oponía a los enteres británicos, que pretendían la inserción de los países de América Latina en el nuevo orden internacional como productores de materias primas. Además, la política paraguaya de intervención en la cuenca del Plata, para lograr una salida al mar para su producción, generaba rivalidades con los otros países de la región (Brasil, Argentina y Uruguay).
Un conflicto interno en Uruguay, entre Blancos y Colorados, precipitó la formación de alianzas y el estallido de la Guerra. En mayo de 1865 los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil firmaron el Tratado de la Triple Alianza, mediante el cual acordaron luchar hasta destituir al presidente paraguayo, abrir los ríos paraguayos al comercio internacional y entregar los territorios que estaban en litigio al Brasil y Argentina.
Aunque los aliados creían que el conflicto se iba a resolver rápidamente, la guerra se prolongo debido a la tenaz resistencia de los paraguayos. Finalmente, las fuerzas de la Triple Alianza entraron en Asunción en enero de 1869. El prescíndete paraguayo, Francisco Solano López, fue derrotado y muerto por las tropas brasileñas en Cerro Corá en marzo de 1870.
La guerra dejó a Paraguay con su economía arrasada y su población diezmada. El 90 % de la población masculina murió y los que sobrevivieron eran en sus mayoría niños y ancianos. Por primera vez, este país pidió un préstamo a la banca británica y, por lo tanto, quedó incluido en el nuevo orden internacional. Además, perdió porciones de territorio a favor de Argentina y Brasil. Por su parte, los países aliados, si bien lograron ventajas territoriales y el control de la cuenca del Plata, sufrieron considerables pérdidas humanas y acrecentaron su deuda externa debido a los gastos militares del periodo.
Las resistencias en el interior
La oposición al gobierno central estuvo encabezada por caudillos que reclamaban medidas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de sus provincias y además por la defensa de las autonomías provinciales, frente a un Estado nacional, que para los caudillos y sus montoneras, representaba el proyecto hegemónico de Buenos Aires.
En 1863 se produjo en la provincia de La Rioja el levantamiento del “Chacho” Peñalosa. D. F. Sarmiento, como gobernador de San Juan decretó el estado de sitio y asumió personalmente la guerra contra el caudillo. Peñaloza fue finalmente capturado y asesinado por el ejército nacional.
En 1866 se produjo el “Pronunciamiento” de Felipe Varela, ante la leva forzosa para la conformación de las tropas que Mitre enviaría al Paraguay, Felipe Varela organizó, junto con otros caudillos, sublevaciones que generaban el desbande de las tropas reunidas para no tener que ir a pelear contra Paraguay En su proclama denunciaba la conformación de la Triple Alianza como un acuerdo que infringía el principio de unidad y amistad con las repúblicas americanas. Por esto llamó a que nadie fuera a pelear a la guerra contra el Paraguay, calificándola de guerra fratricida, por ser una guerra que se efectuaba sobre el pueblo paraguayo, pueblo hermano del argentino. Y en lugar de tomar las armas contra el Paraguay, el pueblo argentino debía tomar las armas contra el gobierno que lo oprimía: el gobierno de Mitre.
Pronto se produjeron levantamientos montoneros en Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Córdoba. Las montoneras se sublevaban contra Mitre y la guerra que este llevaba a cabo en el Paraguay, y se pronunciaban a favor del federalismo. Mitre decidió poner todas sus fuerzas para derrotar a las montoneras. Para esto comisionó al Coronel Arredondo, que se encontraba luchando en Paraguay, y lo envió con su división a detener el avance montonero. Se sucedieron, en las diferentes provincias donde se habían producido levantamientos montoneros, una serie de batallas entre ejércitos mitristas y montoneras, en las cuales se alternaron las derrotas y las victorias para unos u otros. Finalmente, se produjo la derrota de las montoneras. Muchos de los caudillos y jefes montoneros tuvieron que exiliarse en Chile, como el propio Varela. Otros fueron perseguidos, apresados y fusilados.
La última resistencia federal ocurrió en Entre Ríos. El acercamiento de Urquiza al presidente Sarmiento fue considerado una traición por los federales, quienes prepararon una rebelión dirigida por Ricardo López Jordán. En abril de 1870, una partida federal asaltó el palacio San José y asesinó a Urquiza. Sarmiento envió tropas que finalmente vencieron al caudillo entrerriano. López Jordán dirigió otros dos levantamientos, en 1873 y 1876, pero la superioridad del Ejército Nacional volvió a derrotarlo.
La unificación territorial
Un objetivo central para la consolidación del Estado era lograr la unidad territorial. Era necesario entonces resolver algunos problemas, entre ellos, la existencia de fronteras exteriores y limites interprovinciales imprecisos y el hecho de que territorios reclamados como propios por el Estado no estuvieran bajo su control, sino en manos de población indígena. Esto sucedía en el norte, en la región del Chaco (comprendida por las actuales provincias de Chaco y Formosa, el norte de Santa Fe, el noreste de Santiago del Estero y el noreste de Salta) y en el sur, en la Pampa central y en la Patagonia (sur y oeste del actual territorio bonaerense, sur de la provincia de Mendoza, Córdoba y San Luis, La Pampa y todas las provincias patagónicas).
Durante el periodo, a las catorce provincias existentes se sumaron, la gobernación del Chaco, creada por sarmiento en 1872, con la intención de sustraer este territorio del dominio de los indígenas. La colonización de esa región se inicio con la fundación de Resistencia y de Formosa. Y durante la presidencia de Avellaneda, se creó la gobernación de la Patagonia en 1878, con el fin de afirmar la soberanía argentina en la región.
La ocupación de grandes territorio por parte de los indígenas y sus ataques a las propiedades de los blancos representaban un grave problema para los intereses de los sectores dominantes. Durante la presidencia de Avellaneda, su Ministro de Guerra, Adolfo Alsina, presentó al Congreso un plan de extensión de la frontera, mediante la construcción de dos líneas de fortines, comunicadas entre sí por el telégrafo, y el establecimiento de nuevas poblaciones y estancias. La línea exterior estaría unida por una zanja continua, que dificultaría la retirada de los malones indígenas. A la muerte de Alsina, su sucesor Julio Argentino Roca, impuso un nuevo criterio, se abandono así el plan defensivo de Alsina por una campaña ofensiva.
El Plan de Roca contemplaba lanzar una gran ofensiva militar sobre el territorio de los indígenas para desplazarlos más allá del Río Negro, El Congreso autorizó la campaña y dispuso su financiación mediante la venta anticipada de las tierras que se conquistarían.
En una primera etapa se realizaron ataques sorpresivos a los tolderías y se reconoció el territorio. La segunda etapa consistió en un avance general hasta el Río Negro. Al finalizar la campaña, las tropas nacionales habían matado 1.300 indígenas y tomando 14.000 prisioneros. El Estado nacional, además, había incorporado grandes extensiones de tierras que se destinaron a la agricultura y la ganadería.
Las tierras sustraídas del control indígena, finalmente consolidaron la gran propiedad territorial ganadera. Los grupos terratenientes de mayor poder económico tenían una gran influencia en las decisiones de gobierno y muchas veces obstaculizaron los objetivos de la legislación estatal que se proponía una división más equitativa de la propiedad.
Durante la presidencia de Julio A. Roca (1880-1886), se realizaron campañas complementarias que dieron como resultados la ocupación de la zona cordillerana y los pasos hacia Chile y, finalmente, de toda la Patagonia.
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